El presidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de
Diputados, Ernesto (D’Alessio) Vargas Contreras, propuso una iniciativa de
reforma al Código Penal Federal para sancionar con una pena de cinco a diez
años de prisión y de mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA),
es decir, entre 84 mil 490 y 253 mil 470 pesos de multa a quien incurra en
conductas que propicien fraude deportivo.
“Quien con el propósito de obtener un lucro económico o
beneficio deportivo, ofrezca, prometa, coaccione, proponga, invite, pagué,
obsequie, entregue un beneficio económico o en especie a atletas, árbitros,
auxiliares técnicos, directores deportivos, entrenadores, jueces deportivos,
médicos, vicepresidentes, administradores de entidades deportivas, directores
del deporte municipal, estatal o federal, presidentes de clubes o federaciones
deportivas con el objetivo de alterar, modificar, arreglar, cambiar o variar
resultados deportivos en competencias de carácter profesional o amateur”,
puntualiza la propuesta.
Con la misma pena será castigado quien oculte, encubra o
pretenda encubrir los actos de corrupción para la modificación de resultados
deportivos, utilice o lleve a cabo actos violentos o conductas de dominio,
control, agresión física, psicológica, patrimonial o económica, para obtener la
modificación o alteración de los resultados deportivos, antes, durante y
después de la celebración de los eventos.
“El que se encarga de organizar el acto de corrupción,
busca a algún jugador o miembro del cuerpo técnico, dispuesto a ganar dinero a
cambio de que se garantice la derrota en un partido específico, pero esto no es
una regla, pues a veces es más sencillo y eficiente comprar al árbitro que a un
grupo de personas para negociar la participación en una estadística como es
cometer tiros de esquina o tiros penal”, resaltó Vargas.
En la reforma planteó que la pena se incrementará hasta
una mitad cuando la persona que ofrezca el beneficio económico o en especie sea
empleado, corredor, representante, gestor, apoderado, administrador o socio de
una casa de apuestas, miembro de un club, liga, federación deportiva, director
o empleado de algún organismo del deporte federal, estatal o municipal.
De acuerdo con la iniciativa, para acreditar la
existencia del delito, adicional de los métodos de prueba señalados en el
Código, se podrá utilizar cualquier medio tecnológico que sea resultado de los
avances de la ciencia.
La propuesta busca contener a empresas y directivos que
envían emisarios para sobornar a jugadores, árbitros y entrenadores y así
arreglar partidos de varios deportes y ligas, apostando dinero y manipulando
resultados de competiciones y para lograr los resultados deseados.
“Esos momentos representan una gran amenaza en contra de
la integridad de las diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional e
internacional, ya que la forma más fácil de amañar un partido es comprando los
jugadores o árbitros”, delineó en la iniciativa.
