El Gobierno de Estados Unidos pidió a una Corte federal de Brooklyn rechazar la petición de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, para ser liberado bajo caución, o en su defecto, para salir de prisión mientras esté vigente la contingencia por el Covid-19.
Richard P. Donoghue, Fiscal federal para el este de Nueva York, consideró hoy «insuficientes» las garantías ofrecidas por García Luna en su tercera solicitud de libertad provisional, presentada el 25 de marzo, e insistió en que el ex funcionario buscará escapar a México si no está preso durante el trámite del juicio en su contra.
La Fiscalía también rechazó que García Luna esté en alto riesgo por la epidemia del coronavirus, ya que solo tiene 51 años de edad, no tiene enfermedades crónicas y el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, donde está recluido, solo ha detectado un caso de Covid-19 y ha tomado múltiples medidas preventivas.
García Luna, titular de la SSP de 2006 a 2012, fue detenido en diciembre pasado y está acusado de proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios.
De ser juzgado y declarado culpable, el ex funcionario mexicano podría ser condenado a cadena perpetua.
La Corte agendó para este martes la audiencia en la que un juez de turno resolverá sobre la petición de libertad bajo caución.
En tanto, el juez Brian Cogan, que tramita el proceso contra García Luna, aplazó hasta el 4 de junio la siguiente audiencia de estatus del caso, originalmente agendada para el 2 de abril, pues las actividades ordinarias en la Corte están suspendidas por la pandemia.
El 28 de febrero, el juez Robert Levy rechazó la solicitud inicial de libertad de García Luna, por considerar que los avales ofrecidos por el ex funcionario no ponían a disposición de la Corte suficientes propiedades para garantizar la medida.
En el nuevo paquete, se ofrecen en garantía dos propiedades de Carlos Villar, un agente retirado del FBI, valuadas en 1.2 millones de dólares; propiedades de César Giraldo y Andrés Merro, quienes están en proceso de comprarlas, pero ya han hecho pagos que suman 265 mil dólares, así como un inmueble del propio García Luna en Florida, que vale 1.2 millones de dólares.
También se ofreció a la Corte una fianza «personal» de 2 millones de dólares, garantizada con la firma de diez personas, y la promesa de someterse a todas las medidas de arraigo y seguridad que la Corte determine.
En su escrito de hoy, la Fiscalía afirmó que tres de los avales son empleados de un restaurante de la familia de García Luna que no tienen ingresos para responder si escapa; dos avales más informaron en días recientes a la fiscalía que no están dispuestos a firmar, y otros dos solo firmarían si la Corte acepta en garantía el inmueble de Florida.
La Fiscalía afirmó que esta propiedad no garantiza nada, porque García Luna la perdería si escapa, pero también la perderá si se queda en Estados Unidos para el juicio, pues el gobierno pedirá decomisarla.
Richard P. Donoghue, Fiscal federal para el este de Nueva York, consideró hoy «insuficientes» las garantías ofrecidas por García Luna en su tercera solicitud de libertad provisional, presentada el 25 de marzo, e insistió en que el ex funcionario buscará escapar a México si no está preso durante el trámite del juicio en su contra.
La Fiscalía también rechazó que García Luna esté en alto riesgo por la epidemia del coronavirus, ya que solo tiene 51 años de edad, no tiene enfermedades crónicas y el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, donde está recluido, solo ha detectado un caso de Covid-19 y ha tomado múltiples medidas preventivas.
García Luna, titular de la SSP de 2006 a 2012, fue detenido en diciembre pasado y está acusado de proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios.
De ser juzgado y declarado culpable, el ex funcionario mexicano podría ser condenado a cadena perpetua.
La Corte agendó para este martes la audiencia en la que un juez de turno resolverá sobre la petición de libertad bajo caución.
En tanto, el juez Brian Cogan, que tramita el proceso contra García Luna, aplazó hasta el 4 de junio la siguiente audiencia de estatus del caso, originalmente agendada para el 2 de abril, pues las actividades ordinarias en la Corte están suspendidas por la pandemia.
El 28 de febrero, el juez Robert Levy rechazó la solicitud inicial de libertad de García Luna, por considerar que los avales ofrecidos por el ex funcionario no ponían a disposición de la Corte suficientes propiedades para garantizar la medida.
En el nuevo paquete, se ofrecen en garantía dos propiedades de Carlos Villar, un agente retirado del FBI, valuadas en 1.2 millones de dólares; propiedades de César Giraldo y Andrés Merro, quienes están en proceso de comprarlas, pero ya han hecho pagos que suman 265 mil dólares, así como un inmueble del propio García Luna en Florida, que vale 1.2 millones de dólares.
También se ofreció a la Corte una fianza «personal» de 2 millones de dólares, garantizada con la firma de diez personas, y la promesa de someterse a todas las medidas de arraigo y seguridad que la Corte determine.
En su escrito de hoy, la Fiscalía afirmó que tres de los avales son empleados de un restaurante de la familia de García Luna que no tienen ingresos para responder si escapa; dos avales más informaron en días recientes a la fiscalía que no están dispuestos a firmar, y otros dos solo firmarían si la Corte acepta en garantía el inmueble de Florida.
La Fiscalía afirmó que esta propiedad no garantiza nada, porque García Luna la perdería si escapa, pero también la perderá si se queda en Estados Unidos para el juicio, pues el gobierno pedirá decomisarla.
«El acusado tiene acceso a importantes recursos en México, incluido un grupo de ex funcionarios corruptos y miembros del cártel del Sinaloa, que pueden asegurar que nunca sea capturado», afirmó Donoghue.
