Alfredo Maza | El Sol de México
La Fiscalía General de la República (FGR) busca abrir un nuevo proceso penal contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el presunto delito de defraudación fiscal, investigación independiente a los procesos que tiene en su contra por los casos Odebrecht y AgroNitrogenados.
Fuentes judiciales confirmaron a El Sol de México que está nueva acusación se deriva de una denuncia presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación ante la FGR, para lo cual se convocó a una audiencia inicial para las 16:00 horas del día de hoy en el Reclusorio Sur.
La audiencia será encabezada por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, bajo la causa penal 26/2022, mismo que aceptó que Lozoya comparezca de forma virtual dado que se encuentra encarcelado en el Reclusorio Norte.
Según fuentes judiciales en la audiencia el juez federal podrá decidir si vincula a proceso a Lozoya por este caso y si dicta alguna otra medida cautelar en su contra, misma audiencia en la que la defensa del exfuncionario federal podrá solicitar que se resuelva el asunto en ´fast track o pedir una ampliación para que se defina la situación jurídica de Lozoya.
Actualmente Lozoya enfrenta dos casos en su contra. El primero por la presunta compra a sobreprecio de la planta chatarra conocida como AgroNitrogenados; la segunda por los presuntos sobornos recibidos por parte de la empresa brasileña Odebrecht para cederle diversas ventajas competitivas.
Por el primer caso, el pasado 11 de abril un juez federal ordenó aplazar una audiencia en la que la defensa de Lozoya pretendía formalizar un acuerdo reparatorio por este caso. Al día siguiente, el mismo juez canceló una audiencia en la que se perfilaba negociar la libertad de Lozoya.
Sin embargo, ambos procesos se vinieron abajo luego de que estos acuerdos fueron rechazados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pidió volver a revisar las cifras de los presuntos daños económicos en ambos casos, luego de que se dio a conocer que Pemex había aceptado recibir 10.7 millones de dólares a cambio de la suspensión de ambos procesos penales.
