A partir de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de César Duarte, ex gobernador del estado de Chihuahua.
Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) explicaron que el mandamiento judicial fue pedido por delitos electorales, luego de llevar a cabo descuentos a salarios de servidores públicos de Chihuahua, durante su administración.
La investigación indica que, entre el año 2010 y 2016, presuntamente se desviaron casi 80 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de descuentos del cinco y 10 por ciento efectuados a 700 trabajadores.
El titular de la Fiscalía, Santiago Nieto, aseguró que “se les quitaba entre el 5 y 10 por ciento de los salarios a todos los trabajadores, respecto a una compensación, que se les tenía que dar. Y ese dinero era filtrado a través de una cuenta, que era cobrado en efectivo y entregado a las oficinas de la tesorería del PRI en el estado”.
Explicó que según la Ley General de Partidos Políticos, el Gobierno federal, los estados o los municipios no pueden hacer aportaciones en dinero o en especie a los partidos políticos. Incluso, pese a que los empleados permitan los donativos.
Dijo que la investigación se ha extendido a empleados descentralizados y municipales.
“Se trata de dinero que no era reportado al Instituto Nacional Electoral. Se trata de dinero que se quedaba el PRI en el estado de Chihuahua, que se utilizaba para las campañas electorales y que evidentemente es una transgresión a las normas de financiamiento por varias vías”, agregó el funcionario.
Sostuvo que dijo que esta entidad presenta una incidencia delictiva electoral media, y que actualmente la Fepade cuenta con 104 averiguaciones previas que corresponden al sistema penal tradicional.
Dijo que tan sólo del proceso electoral 2016, en el que se renovaron 67 ayuntamientos, el Congreso del estado y la gubernatura, se registraron 70 carpetas de investigación, de los cuales 12 de ellas están relacionadas con la coacción de subordinados para apoyar a un candidato o partido político, nueve por uso de bienes y servicios públicos con fines electorales y seis de condicionamiento para entregar algún programa de asistencia social.
César Duarte tiene una orden de aprehensión en su contra emitida por la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de peculado. La orden de detención fue girada a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para ser buscado en el mundo.
Con información de Excélsior y El Universal.
La investigación indica que, entre el año 2010 y 2016, presuntamente se desviaron casi 80 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de descuentos del cinco y 10 por ciento efectuados a 700 trabajadores.
El titular de la Fiscalía, Santiago Nieto, aseguró que “se les quitaba entre el 5 y 10 por ciento de los salarios a todos los trabajadores, respecto a una compensación, que se les tenía que dar. Y ese dinero era filtrado a través de una cuenta, que era cobrado en efectivo y entregado a las oficinas de la tesorería del PRI en el estado”.
Explicó que según la Ley General de Partidos Políticos, el Gobierno federal, los estados o los municipios no pueden hacer aportaciones en dinero o en especie a los partidos políticos. Incluso, pese a que los empleados permitan los donativos.
Dijo que la investigación se ha extendido a empleados descentralizados y municipales.
“Se trata de dinero que no era reportado al Instituto Nacional Electoral. Se trata de dinero que se quedaba el PRI en el estado de Chihuahua, que se utilizaba para las campañas electorales y que evidentemente es una transgresión a las normas de financiamiento por varias vías”, agregó el funcionario.
Sostuvo que dijo que esta entidad presenta una incidencia delictiva electoral media, y que actualmente la Fepade cuenta con 104 averiguaciones previas que corresponden al sistema penal tradicional.
Dijo que tan sólo del proceso electoral 2016, en el que se renovaron 67 ayuntamientos, el Congreso del estado y la gubernatura, se registraron 70 carpetas de investigación, de los cuales 12 de ellas están relacionadas con la coacción de subordinados para apoyar a un candidato o partido político, nueve por uso de bienes y servicios públicos con fines electorales y seis de condicionamiento para entregar algún programa de asistencia social.
César Duarte tiene una orden de aprehensión en su contra emitida por la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de peculado. La orden de detención fue girada a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para ser buscado en el mundo.
Con información de Excélsior y El Universal.
