Por Rodrigo Sotelo
Lo prometido, tenemos el detalle de la denuncia pública que hace un empresario caído en la desesperación, por un considerable adeudo que le mantiene una dependencia estatal desde hace casi dos años.
Sólo tenemos la versión del denunciante, que de ser la historia así como nos la hacen saber –algo que no dudamos, pero dejamos abierta la reserva hasta conocer la contraparte- se trata de una injusticia de la que han tenido conocimiento varias autoridades.
Aquí les presentamos el relato, con la disposición periodística de dar cabida –si así lo requieren- a la réplica de los señalados.
Puede haber casos más escandalosos, como sabes existen producto de los evidentes problemas económicos gubernamentales, pero tomamos esta acusación con requerimiento de pago, como modelo y en atención a la solicitud que nos hace el afectado.
Se trata de Humberto Morales Dávila, empresario del ramo de la construcción quien acusa al director del Centro Ecológico del Estado (CEES), Guillermo Soto Montenegro, de haber contratado sus servicios a nombre de la Comisión de Ecología del Estado (CEDES), por un monto de 860 mil pesos.
El reclamo es por el pago de la remodelación de la facha del Centro Ecológico, el diseño del Ecosafari, además de la limpia de desechos y escombros de los animales que habitan en el lugar.
Humberto Morales explica que en el 2011 fue contratado por Guillermo Soto para dichas remodelaciones, entre las que se encuentran la instalación de 480 metros de tubería de drenaje.
“Por invitación del licenciado Guillermo Soto Montenegro realizamos la remodelación de la fachada de acceso principal y luego posteriormente pusimos el drenaje, hicimos una línea aproximadamente 480 metros y levantamos 280 viajes de escombro”.
En algo que no tiene mucho sentido, pero que podría ser producto del desespero, el contratista comenta que el problema lo agravó el ex jefe de compras del CEDES, Rubén Arteaga Córdoba.
Narra que este funcionario prometió sacar los pagos de sus contratos pero a nombre de otras dos empresas (tenemos los nombres), las cuales conocían el acuerdo de servir para estos fines. Muy prácticos, por cierto.
“La persona que me dio las órdenes de facturación fue el contador público, Rubén Arteaga Córdoba, ahora es director de finanzas de SIDUR”, acusa Humberto Morales.
El empresario afirma haber acudido a Contraloría del Estado y hasta a la Agencia del Ministerio Público para demandar a las dos constructoras que se prestaron a “ayudarle” y se quedaron con su dinero.
Pero como si no fuera suficiente el maltrato, cuenta que en franca intimidación la licenciada Victoria Campa Valenzuela le sacó un expediente con el número de folió 1348/12 que contiene una querella en su contra, con la advertencia: “bájele un poquito”.
En fin, pudiera ser una especie de espejo en el que se reflejen muchos prestadores de servicios del Gobierno del Estado.
Fuego amigo en el Gobierno del Estado
Hace unos días, en comparecencia con comunicadores del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (Stirt), Roberto Romero López hizo algunas revelaciones y proyecciones, como la de alcanzar en el Gobierno un cambio de actitud en los funcionarios.
En la aceptación de omisiones de la Institución, el Secretario de Gobierno volvió a decir que hay un problema de comunicación pues no logran hacer que el ciudadano perciba la generosidad del Nuevo Sonora.
Además, aludió a una especie de inocencia (¿?) que no les ha permitido evaluar a los políticos de enfrente ni a los mismos integrantes de este gobierno.
En otras palabras, no han sabido dimensionar o prever los alcances del enemigo, prueba de ello el tema impuestos o el transporte; como tampoco han atendido el daño que les producen desde adentro.
El fuego amigo, pues.
De entrada, la disposición de Roberto fue tomada como una necesaria señal, hacia dentro y fuera, de estabilidad laboral, la propia; y que a nosotros nos permite abordar lo que creemos es la consecuencia natural de toda crisis gubernamental desatendida.
Lejos de meditar errores y buscar componer, se aplauden a sí mismos y buscan culpables en lugar de soluciones.
En el Gobierno estatal no han podido controlar el reparto de culpas entre los grupos de poder, que los ha llevado a intensificar la disputa por los espacios disponibles.
Ahora “alguien”, por ejemplo, está empeñado en ensuciar la imagen del director del Cecytes, Martín López García, a quien se le señala mediáticamente de engordar –no es alusión al físico- su patrimonio en forma vertiginosa.
Dicen que compró un caserón de 10 millones en Cumbres, cuando la realidad es que tiene casa propia en Corceles.
A Martín lo conocemos y nos atrevemos a decir que es de los pocos funcionarios estatales comprometidos, honestos y preocupados por no generarle problemas al Gobernador Padrés.
Aquí ocurre que se ataca con infamias a quien por su trabajo y pulcra trayectoria representa una amenaza para alguien más del gabinete.
Igual podemos decir que ocurre con Jorge Luis Ibarra Mendívil, uno de los dos secretarios más eficientes del gabinete padrecista, luego de Moisés Gómez Reyna, de Economía.
Luego hablamos de otros casos que tenemos registrados.
“Sólo el 2.7 % ha pagado el COMUN”
Inesperada la sinceridad con la que Fructuoso Méndez Valenzuela hace pedazos la incipiente estrategia mediática para posicionar la idea de que la recaudación vía impuestos estatales transcurre de manera normal.
En su carácter de Agente Fiscal de la Secretaría de Hacienda en Ciudad Obregón, este panista con nombre frutal, aceptó que de los 130 millones de pesos que Hacienda planea recaudar por la Contribución al Fortalecimiento Municipal, sólo se han recibido 3.5 millones de pesos.
Es decir, apenas se ha logrado el 2.7 por ciento de la meta total.
Gracias y hasta la próxima con el favor de Dios.
Rodrigo Sotelo Mendívil
Director General Masmedio
Correo: rodrigosotelo69@hotmail.com
Twitter: @masmedio
