Madrid.— Después de estar seis años investigando el caso Gürtel, la trama de corrupción más grave que se ha descubierto en España y en la que están implicados un centenar de miembros del gobernante Partido Popular (conservadores, PP), el juez Pablo Ruz dictó ayer el fin de la fase de instrucción y la apertura del juicio oral contra 40 acusados, entre los que figuran los tres ex tesoreros del PP, incluido Luis Bárcenas, ex secretarios generales del partido, ex alcaldes, ex senadores, ex concejales, diputados que siguen en el cargo, funcionarios y empresarios, quienes se verán obligados a sentarse en el banquillo de los acusados.
También tendrá que pasar por ese trance aunque en calidad de testigo la ex presidenta de la comunidad de Madrid y actual diputada, Esperanza Aguirre, y la ex ministra de Sanidad y también diputada Ana Mato.
Además, en su auto de casi 300 páginas el juez pide millonarias fianzas para algunos de los implicados, como 80 millones de euros para Luis Bárcenas, el que fue tesorero del PP y quien reconoció haber pagado con dinero negro a muchos directivos del partido, entre ellos al propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy; 22 millones de euros para su mujer Rosalía Iglesias (para quien se piden 24 años de cárcel); y 28 mil euros para Ana Mato, a quien lleva a juicio como partícipe a título lucrativo, ya que se benefició del dinero obtenido ilícitamente por el que era su marido, Jesús Sepúlveda, cuando fue alcalde de Pozuelo.
El magistrado también anunció la imposición de una fianza civil de 245 mil euros al propio partido en el gobierno, por el beneficio que obtuvo de la red de corrupción desarticulada.
A todos ellos el magistrado les da 10 días de plazo para presentar la fianza, y desde la notificación del auto los abogados tienen 30 días para presentar los escritos de defensa de los 40 acusados.
Este auto se refiere a la pieza principal del caso Gürtel (hay dos más separadas) y abarca las operaciones irregulares que cometió la red durante los primeros años (entre 1999 y 2005) y en las comunidades de Madrid, Castilla y León y la localidad malagueña de Estepona (Andalucía, sur de España).
A los acusados, entre los que están los cabecillas de la trama: Francisco Correa (para quien el fiscal solicita más de 100 años de cárcel) y Pablo Crespo, que fue ex secretario general del PP en Galicia, se les acusa de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.
De los 40 imputados no hay ninguno en prisión, ya que el único que estaba en la cárcel, Bárcenas, salió hace unas semanas en libertad bajo fianza de 200 mil euros.
Dado lo anterior, la causa no tiene preferencia, por lo que el juicio no comenzará hasta enero. Para entonces ya se habrán celebrado las elecciones en Andalucía (la comunidad autónoma más grande de España y donde ha gobernado siempre el opositor Partido Socialista Obrero Español, PSOE), que tendrán lugar en apenas 15 días, y las generales, que están previstas para noviembre y en las que según las encuestas el PP, aunque seguirá siendo el partido más votado, perderá un elevado número de escaños y la mayoría absoluta que le ha permitido gobernar estos cuatro años en solitario.
Nada más conocerse la noticia el vocero del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, se felicitó por el “triunfo de la Justicia” que en su opinión supone el auto del juez que demuestra “que el PP no era víctima sino beneficiario” de la trama de corrupción, dijo. Hernando subrayó el hecho de que tres ex tesoreros del PP, una ex ministra (Ana Mato) y el propio partido tengan que depositar una fianza es algo “tan grave” que debería obligar al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a dejar la campaña de las elecciones andaluzas y dar explicaciones a los ciudadanos.
