Por
Rodrigo Sotelo / Twitter: @masmedio
La Procuraduría General de la República da más elementos indicativos
de lo que pareciera una consigna autorizada, prioritaria: lograr la detención
del ex gobernador Guillermo Padrés Elías.
El gobierno federal por fin accede, al parecer, a la
consignación del robusto expediente que se le elaboró al oprobioso panista.
De la exhibición pública, se pasó a la búsqueda de
justicia y al resarcimiento del daño ocasionado por el político que, para
evitarlo, destina millones de pesos en amparos y despachos jurídicos.
El más importante, encabezado por el ex Procurador
Antonio Lozano Gracia; quien a inicios de semana reapareció en entrevista con
actitud contestataria y reivindicadora, o más bien en tono desafiante… y
encontró rápida respuesta de la autoridad.
Ayer, la PGR filtró al diario Reforma que los reflectores por el escándalo de nuestro ex gobernador, acusado de
defraudación fiscal y lavado de dinero, también se dirigen a su (mal) afamado defensor
legal.
Y es que, la Procuraduría sospecha del litigante por
presuntamente haber recibido más de 4 millones de pesos, en el lavado de los 8.8 millones de dólares,
que supuestamente son producto de sobornos por contratos que otorgó el panista
durante su sexenio.
En la investigación que se detalla a través del medio, se
indica que para perder el origen del dinero, se realizaron transferencias por
134 millones de pesos dispersados entre 43 personas y empresas.
Entre ellos, se encuentra el despacho «Antonio Lozano Gracia y Asociados«,
que ahora ante la delicada acusación tendrá que transparentar y justificar el extraordinario
ingreso detectado entre el 23 de junio de 2015 y el 10 de julio del mismo año.
«Todas estas
actividades de dispersión de recursos constituyen las acciones ejecutadas por
Guillermo Padrés Elías de ocultamiento del origen, destino y propiedad de los
recursos involucrados, evidentemente con conocimiento de que procedían y
representaban el producto de actividades ilícitas«, indica la PGR en
su acusación.
Con esto, se entiende mejor la desesperación de Lozano
Gracia y la condición de prófugo del ex gobernador Padrés.
Resta saber, el nombre de las otras 42 personas y
empresas que se prestaron a esta dispersión
de recursos sustraídos de lo público.
¿Por
qué ALC sí está tranquilo?
En esta dinámica anticorrupción y de persecución a
gobiernos perniciosos, no se entiende la indiferencia que se le dedica a lo
hecho durante la administración municipal de Alejandro López Caballero.
Durante los tres años de López Caballero como alcalde
panista, el gobierno de Hermosillo fue todo un modelo irrepetible de ineficiencia, indiferencia y depravación.
El señor Alejandro López Caballero podría ser el ex
funcionario más beneficiado e involucrado durante el padrecismo.
Fue Secretario de Hacienda durante la primera etapa del Nuevo Sonora, dependencia a la que pertenecía
Roberto Francisco Ávila Quiroga, el ex auditor fiscal detenido por la PGR
acusado de uso indebido de atribuciones y
facultades.
No se ha indagado, pero las condonaciones o descuentos
fiscales son, precisamente, la especialidad del contador metido a (mal)
político.
Si hubiera una mínima voluntad, Alejandro no tendría por
qué estar tan tranquillo.
Regidores
del PRI coinciden, pero…
Este mismo argumento que exponemos, utilizan los regidores
del PRI para responder las críticas en materia de seguridad pública que desde
la oposición en Cabildo le hacen a la actual administración del alcalde Manuel
Ignacio Acosta Gutiérrez.
Los
panistas que hoy se rasgan las vestiduras y claman por el tema de inseguridad
deberían asumir su responsabilidad por lo mucho que con su corrupción e
ineficiencia contribuyeron a que el problema llegara a los niveles que hoy
critican. (Sic)
Los regidores Hazely Juárez –mucho gusto-, Carlos Zepeda Bañuelos y Karina Lagarda,
recordaron que sus homólogos panistas se negaron a votar por la recuperación de
terrenos de equipamiento y áreas verdes que López Caballero vendió ilegalmente.
En el recuento de lo encontrado y que contribuye al deterioro del tejido social que ahora se
padece, mencionaron las instalaciones de las casetas policiacas en las colonias,
abandonadas y vandalizadas.
Además, la negligencia que significó el haber permitido
continuaran en funciones elementos policíacos que habían reprobado el C3.
En contraste, expusieron los más de 50 elementos que han
sido dados de baja en el actual gobierno, porque incurrieron en prácticas de
corrupción o abuso “y al presidente
Maloro Acosta no le ha temblado la mano para cesarlos”.
De todo lo referido, Karina Lagarda puntualizó algo
interesante: que las estadísticas de delito son resultado de todo lo que
personas con rostro y nombre hicieron u omitieron mientras procuraban su propio beneficio a costa de la seguridad de la
mayoría de los hermosillenses.
Sí, todos coincidimos… pero, ¿por qué López Caballero
sigue tan tranquilo?
Gracias y hasta la próxima con el favor de Dios.
Rodrigo
Sotelo Mendívil
Director
General Masmedio
Correo: rodrigosotelo69@hotmail.com
Twitter:
@masmedio
