Por
Rodrigo Sotelo / Twitter: @masmedio
La detención en días pasados de Roberto Francisco Ávila
Quiroga, presunto operador de moches
fiscales en el sexenio anterior, ha sido motivo para invocar justicia y
presumir castigo a quien malversó dinero público o se extralimitó en perjuicio
del patrimonio de los sonorenses.
Pero, aún no se registra que autoridad hacendaria o juez
alguno garanticen el resarcimiento del daño al erario estatal y federal que
significó la irregular exención de impuestos aplicada y que se estima en
cientos de millones de pesos.
Es decir, se sigue hablando del deplorable y nocivo hecho
de corrupción y abuso de autoridad o atribuciones, sin que se priorice en la
exhibición, reparación y condena de los beneficiarios.
¿Por qué? ¿Quiénes fueron los familiares, políticos y
amigos de la administración pasada que protagonizaron este escándalo destapado
durante el concluido proceso electoral?
En calidad de director general de Auditoría Fiscal,
Roberto Ávila ejecutó la instrucción –porque también habría de decirse que no
se mandaba solo- de favorecer con “auditorías
a modo” a decenas de contribuyentes.
En su momento –finales de abril de 2015-, se publicó que el
daño fiscal se registró entre marzo de 2009 y septiembre de 2014, al amparo del
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF),
firmado con el Gobierno federal.
Simularon acciones de auditoría y cobro sobre adeudos
fiscales federales- principalmente por ISR e IVA-, que habrían dejado
cuantiosos recursos, sí, pero en los bolsillos de particulares.
Y se destacó el ejemplo de Javier Gándara Magaña,
entonces candidato del PAN a la gubernatura, quien tendría un adeudo por 14
millones 108 mil 348 pesos de impuestos del ejercicio fiscal 2011, y que no
pagó nada.
Así como el caso del rancho El Pozo Nuevo de Padrés, una sociedad de producción rural de
responsabilidad limitada propiedad del ex Gobernador, que adeudaba 15 millones
108 mil 348 pesos de impuestos federales, y sólo pagó 119 mil 970 pesos.
Además, se presentó un listado donde se incluía a la Televisora de Hermosillo, Signmakers, Torynor, Expo Fórum, Inmobiliaria Terán Balaguer, los
hermanos Bleizeffer de Huatabampo, Corral
Confort, entre otros.
¿Qué ha pasado con estas empresas, constructoras y sus
propietarios? ¿Hay más aprovechados? ¿Cuál es el monto final de los moches, que incluían soborno? ¿Y Carlos
Villalobos Organista, en aquel tiempo Secretario de Hacienda?
Que se transparente toda la información, que se pague lo
correspondiente y que también se les sancione.
Gracias y hasta la próxima con el favor de Dios.
Rodrigo
Sotelo Mendívil
Director
General Masmedio
Correo:
rodrigosotelo69@hotmail.com
Twitter:
@masmedio
