Por
Rodrigo Sotelo / Twitter: @masmedio
El caso de las Unidades
Móviles de Atención de Emergencias que “diseñó”
y “adquirió” la pasada administración
estatal panista, podría representar una simulada
política asistencial de gobierno que simbolice la ruta de la corrupción que
se trazaba para malversas recursos públicos.
Del escándalo que se genera a partir de la “aparición” de estas Unidades Móviles, en teoría para el socorro y protección de los
sonorenses, se desprenden varias
inconsistencias que parecieran concluyentes para el Fiscal Anticorrupción:
Cuando presentaron estas vanguardistas unidades, se dijo
que el gobierno de Guillermo Padrés
Elías había las había “construido”
con una inversión de 40 millones de pesos, para atender personas damnificadas
por fenómenos meteorológicos.
Inclusive, durante la Reunión Nacional de Protección
Civil 2011, en Puerto Peñasco, la entonces directora de esta área en la
Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, resaltó el gran propósito que tienen estas modernas
unidades de emergencia.
No sólo eso, invitó a los representantes de los estados
de la republica presentes en el marco de esta importante reunión, ¡a copiar el
modelo y adquirir unidades de este tipo!
Bueno, hace un par de días la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano reveló que
descubrieron una historia “bastante
peculiar” al respecto, pues estaban escondidas en un predio particular,
inhabilitadas y con adeudos no cubiertos al proveedor.
Es decir, de esta declaración se puede inferir que no
fueron adquiridas por el Estado, que las habían rentado, y que el espíritu caritativo
no era más que una estrategia perversa
para desviar dinero del erario.
Pero, para no caer
en especulaciones que tienden al prejuicio
y aportar elementos comprobables surgidos de una fuente enterada, contactamos a
un ex integrante coyuntural del Nuevo
Sonora.
Nuestra fuente, evidentemente sin participación en la
aparente irregularidad, nos ayudó a confirmar que no las había adquirido el Gobierno del Estado, “creo que se utilizó una figura de
arrendamiento con opción de compra”.
Según la información a la que tuvimos acceso, estas
unidades estuvieron escondidas –o siguen ahí- en una bodega en el Parque
Industrial.
Nuestro contacto asegura que no las manejaba Protección
Civil: “Porque siempre estuvieron bajo
resguardo de la Secretaría de Hacienda”.
Incluso, hay varios oficios de los ex directores de
Protección Civil del anterior gobierno solicitando las unidades móviles a la
Secretaría de Hacienda. Lo hacían, además, para curarse en salud.
Es decir, las administró en un inicio Alejandro López Caballero, luego Carlos Villalobos Organista y las
operaba –sabemos- el ex secretario de gobierno, Roberto Romero López.
Y les daban uso todas las dependencias, especialmente el DIF estatal y la Secretaría de Salud; así como en el extinto programa “Tu Gobernador en tu Colonia”, con la
posibilidad de adaptarse a las necesidades de cada evento.
La justificación de utilidad
para los desproporcionados pagos que se le hicieron al bendecido empresario que presentaba el servicio con el par de
unidades.
Ahora bien, ¿Quién es el particular que participó en este
lucrativo negocio? ¿Con quién acordaba el verdadero “dueño” de las unidades
móviles? ¿Fue una modalidad más de desfalco de los que se fueron?
Si no hubo compra –como anunció Padrés en aquellos momentos- y las unidades se rentaron –como ahora
se sabe-, ¿Dónde está el contrato? ¿Por qué no lo han exhibido?
Ya no cabe expresar que estos ex funcionarios no
imaginaron la posibilidad de dejar el Gobierno; el pensamiento que domina es la
impunidad con que se mueven los
causantes de este perjuicio social e institucional.
¿A poco es difícil comprobar este despojo? ¿Cómo clasificar, para efectos legales, la negligencia que
significa imposibilitar al nuevo
gobierno para utilizar estas unidades en momentos de emergencia en Miguel
Alemán, Guaymas o Cajeme?
Creemos que el fiscal Odracir Espinoza Valdez no ocupará distraer a su equipo de expertos
para robustecer esta información, ni para producir, presentar y ejecutar un
expediente que acredite la comisión de delitos administrativos o penales.
Gracias y hasta la próxima con el favor de Dios.
Rodrigo
Sotelo Mendívil
Director
General Masmedio
Correo: rodrigosotelo69@hotmail.com
Twitter:
@masmedio
