Por
Rodrigo Sotelo / Twitter: @masmedio
No se puede menos que concluir que la cruzada contra la
presumible malversación y depravación
de los recursos públicos durante el gobierno de Guillermo Padrés Elías, se enfrenta a una realidad incontrovertible
que la debilita ante los sonorenses.
El poder legal y
de influencia de los ex funcionarios acusados, es superior al talento o voluntad –siendo generosos- que
tímidamente muestra quien procura justicia en lo gubernamental.
O los alcances de los padrecistas
son ilimitados o quien los llevaría a la cárcel ha sido ineficiente.
La Procuraduría General de la República, la General de
Justicia en el Estado y la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de
Corrupción, han sido insuficientes.
No se entiende cómo un personaje tan conocido y que fue
tan dañino para el Estado, se sospecha, como Roberto Romero López, pueda mantenerse prófugo con tanta facilidad, en absoluto sigilo.
Si algo lo caracterizó en la Secretaría de Gobierno, es
su acudido desaseo para todo lo que
emprendía y dirigía. ¿Alguien lo ayuda? ¿Quién lo protege? ¿Por qué?
Puede ser incorrecto decirlo, pero hacen pensar que no
hay interés en detenerlo, más bien, de buscarlo.
El precedente
que permiten se estacione, aunque fuese momentáneo, es lesivo para las instituciones y da al traste con el rescate de la
confianza ciudadana que se pretende.
Luis
Felipe Romero, hermano de Roberto, ni si quiera huye pese
al cúmulo de anomalías encontradas en el Instituto Sonorense de Infraestructura
Educativa, ISIE.
Romero, el chiquito, se desplaza como si nada ocurriera
con uno o dos amparos en la bolsa –los que sean necesarios- por las calles de
Hermosillo y los centros comerciales de Tucson, donde tiene su otro domicilio.
A Bernardo Campillo
García, el ex Secretario de Salud, se le ve pasear con frecuencia por rumbos de la Fiscalía… Su única
monserga ha sido atender algunos citatorios.
Quien sí cayó fue Roberto
Francisco Ávila Quiroga, ex auditor de la Secretaría de Hacienda estatal,
acusado de operar un perdón fiscal a más de 500 contribuyentes con ligas al
PAN.
Hasta lo bautizaron como el de los moches, al
haber causado un daño patrimonial al
Estado superior a mil 700 millones de pesos; pero la PGR no pudo retenerlo y tuvo que dejarlo ir con una fianza de 20
mil pesos.
Lo del ex gobernador
Padrés ejemplifica, es sintomático. Se le ha otorgado cuanto amparo a
requerido, incluso, no puede ser detenido, localizado o presentado ante la PGR.
Vamos, no puede ser ¡ni mencionado!
El ex gobernador Padrés cuenta con un equipo de abogados tan capaz, tan sobrado, que se permite burlarse de la autoridad ignorando todo
tipo de llamados a comparecer.
Héctor
Ortiz Ciscomani, ex secretario de Sagarhpa, hasta anoche
seguía recluido en un Cefereso de Veracruz pero, ¿alguien duda que no tarda en
obtener un amparo?
Recurso al que tiene derecho todo implicado y que Odracir Espinoza Valdez, fiscal
Anticorrupción, descubre es aprovechado
para entorpecer las investigaciones a su cargo.
No sabemos si el Fiscal llegó a pensar que los señalados
de corruptos acudirían a su oficina a entregarse arrepentidos, por voluntad
propia y ya esposados.
Abogado, por favor.
¿Será posible que Padrés o alguno de sus secretarios paguen
en proporción al daño ocasionado?
Hasta hace un par de meses, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano transmitía a
la PGR la incertidumbre de los sonorenses “de
no saber si habrá castigo para los que los defraudaron, y fallaron a su
confianza”.
Con todo esto que vemos y pese a la voluntad de la mandataria, sigue sin haber certeza.
Se sigue imponiendo la impunidad.
Gracias y hasta la próxima con el favor de Dios.
Rodrigo
Sotelo Mendívil
Director
General Masmedio
Correo:
rodrigosotelo69@hotmail.com
Twitter:
@masmedio
