Por
Rodrigo Sotelo / Twitter: @masmedio
Ha generado infinidad de lecturas la aparición del
influyente abogado que defiende al ex gobernador Guillermo Padrés Elías.
Fernando Antonio Lozano Gracia, es aquel personaje que,
desde la Procuraduría General de la República en la época de Ernesto Zedillo
Ponce de León, no tuvo idea de cómo
resolver el asesinato de José Francisco
Ruiz Massieu.
Lozano Gracia no es cualquier abogado y político. Ha sido
diputado federal, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y en lo
profesional se caracteriza por su cercanía con Diego Fernández de Cevallos.
El de esta última faceta, la del que sí tiene idea del manipulable funcionamiento de las leyes en
nuestro país, es el que desde hace meses defiende al ex gobernador Padrés.
Paradójicamente, en el currículum de Lozano Gracia se
destaca que durante su gestión en la PGR uno de los hechos más importantes fue
el arresto de Raúl Salinas de Gortari, “el
primero contra un familiar de un ex presidente”.
Carlos Salinas se declaró perseguido político de Zedillo
y optó por salirse del país.
Ahora él –Lozano- se ubica del lado de quienes acusan
utilización política del poder gubernamental y justifica y protege a quien
–Padrés- se vio en la penosa necesidad de dejar el Estado ante el repudio casi
unánime de los sonorenses.
Aquí, las reacciones a su entrevista con Ciro Gómez Leyva
fueron mayoritariamente en contra de los argumentos que generosamente le
permitió formular el periodista de Radio
Fórmula.
Por cierto, debe ser indicativo de la operación política
y mediática que inicia el despacho de este poderoso abogado, que en un grupo
radiofónico tan importante se le haya permitido un monólogo atípico y muy
favorecedor para efectos de establecer la contraparte.
Coincidimos con los críticos del abogado: no tiene idea del verdadero valor que
tiene en el mercado la “casita” que
Guillermo Padrés construyó para su familia en San Pedro.
Dijo que no supera los 9 millones de pesos. La realidad
es que, por construcción y extensión, el
precio debe ser mayor a los 30 millones de pesos.
Tampoco
tiene idea de la presa hidráulica, que no bordo de contención, los
nogales, el Rancho Pozo Nuevo, los
caballos y las caballerizas, los uniformes escolares, las cuentas en bancos
extranjeros, la condonación de impuestos, los moches, etc.
“Padrés está limpio”,
dijo con la seguridad de quien da ha dado cátedra de cómo conseguir impunidad.
No
tiene idea de los auténticos esfuerzos que a nivel local hace una
Fiscalía Anticorrupción formalmente creada, con actuación y efectos legales.
De lo que sí tiene
idea, es de la inexplicable dilación que el Gobierno Federal, a través de
la Procuraduría General de la república, le aplica al caso Guillermo Padrés Elías.
Fernando Antonio Lozano Gracia no tiene idea de lo que ocurrió en Sonora durante la administración
de Guillermo Padrés, ni del repudio que le dedican los sonorenses a éste, a su
familia y a todo aquel que participó en su gobierno.
Pero sí tiene idea
de cómo se mueve la (in)justicia en nuestro país.
¿Será posible que el “castigo”
a un demostrado corrupto sea solo el desprestigio y la burla mediática
recurrente y en redes sociales?
El agravio que produjo el padrecismo está registrado, perfectamente documentado, y fue contra
las instituciones y los sonorenses.
El enorme desafío es a la Fiscalía Anticorrupción.
¿Y
López Caballero?
Hablando de ex gobernantes ineficaces y deshonestos, en
el Comité Directivo Estatal del PAN debe tenerlos intrigados la desaparición de
Alejandro López Caballero.
Se recordará que el ex alcalde de Hermosillo demandó al
PAN ante el Tribunal Estatal Electoral, argumentando ilegalidad en los
nombramientos de Leonardo Guillén Medina y Dalia Laguna López, los respectivos
dirigente y secretaria general.
Esto, por una supuesta omisión de parte del CDE en la
emisión de la convocatoria para renovar la dirigencia estatal.
Destacable, que dentro de la misma demanda se incluye el acto administrativo del secretario
ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, Roberto Félix López, por haber
registrado como presidente a Leonardo Guillén.
Lo novedoso es que a quien le asignaron la demanda en el
Tribunal Estatal, es a la magistrada Mireya Félix… ¡madre del funcionario IEE
demandado por López Caballero!
Evidente conflicto de intereses, que obligará a la
magistrada a excusarse del caso.
Panistas
de 100… ¡millones!
Incomprensible que en el Congreso del Estado, existan
diputados o diputadas que propicien un ocioso debate en torno al programa
estatal Sonorenses de 100.
Para no variar, fue la panista Célida López Cárdenas
quien dijo no entender en qué le beneficiaba a los sonorenses que 50 mujeres
acudieran a Washington para capacitarse.
No entender el beneficio de preparar a mujeres que diariamente
impactan en lo positivo a su comunidad, es tanto como no entender que un
legislador se degrada y traiciona a quien representa, al interceder en favor de
delincuentes.
Y así le respondió la priista Flor Ayala Robles Linares:
“En este gobierno tenemos mujeres de 100;
les recuerdo también que en el anterior gobierno tuvieron sus mujeres de 100,
pero de 100 millones que le robaron el patrimonio a los sonorenses…”.
Con casos como el de Teresa Lizárraga Figueroa en
Isssteson y otros panistas de 100
como Roberto Romero López o Carlos Villalobos Organista, tememos que la Flor se haya quedado corta.
Gracias y hasta la próxima con el favor de Dios.
Rodrigo
Sotelo Mendívil
Director
General Masmedio
Correo: rodrigosotelo69@hotmail.com
Twitter:
@masmedio
