Por
Rodrigo Sotelo / Twitter: @masmedio
Dice la diputada priista Flor Ayala Robles Linares que, sin coartar la libertad de expresión, la
difusión de información falsa a través de las redes sociales que genere pánico
y un daño social deberá de ser regulada a través de leyes con sanciones y
consecuencias jurídicas.
La precandidata a relegirse en el distrito 12 de
Hermosillo, sentencia con firmeza vía boletín de prensa, sus redes y muchas
entrevistas de radio:
“Aquellas personas
que con dolo quieran destruir a nuestra sociedad, que quieran generar una
desestabilización de las instituciones o de armonía social deberán pensarla dos
veces”.
A su entender, es grave y urgente atajar el “daño moral colectivo” que ocasionan –por
ejemplo- audios como los que recientemente se distribuyeron alertando sobre un
secuestro en la colonia Pitic.
Tenemos legisladores con prioridades equivocadas.
Célida López Cárdenas, la diputada que será candidata a
la alcaldía de Hermosillo, acierta al señalar que no se puede legislar de la
noche a la mañana, y al hacer énfasis en el significado de esta herramienta para
el combate a la corrupción.
Tiene razón Célida, es incompresible que la diputada Flor
Ayala plantee una discusión de esta trascendencia cuando ella misma – ¡las dos!-
está ocupada en temas más bien electorales.
El origen de este innegable e incontrolable inconveniente,
tan molesto porque exhibe en asuntos sensibles como la inseguridad, es la
incompetencia de la propia autoridad que no puede garantizar tranquilidad y generar
confianza en las instituciones de justicia.
Las “noticias
falsas” son un problema secundario y menos nocivo que la conducta inmoral y
simuladora –esta sí- de quienes aprovechan un cargo público para hacer campaña.
Los audios por WhatsApp o los mensajes intencionados para infundir
miedo y dañar gobiernos no tendrían efecto, sin la inseguridad desbordada y la
certeza de impunidad.
La psicosis la provoca no el ciudadano inconsciente o el
militante perverso que aprovecha oportunidades; el terror social es
consecuencia del homicidio no evitado y no castigado, del robo a domicilios en
el que participa una crimen que organizada hasta a las policías.
Pretender callar a quienes denuncian o escandalizan, es
tanto como limitarnos el derecho al desahogo social.
Es esconder una realidad penalizando las inofensivas falsedades
que ésta motiva o produce.
¿O es una exageración consignar la cultura del miedo en la que nos están educando los que delinquen y
quienes no cumplen con evitarlo-castigarlo?
Esta excedida facultad legislativa solo puede ser entendida
cuando hay un entorno personal, familiar y laboral paralelo a la realidad del
vecino común.
Tampoco es muy congruente o decoroso que lo proponga una
política que aprovecha su posición y lagunas legales para –también- confundir
con letreros en camellones de la ciudad.
¿Por qué mejor no legislan para sancionar este tipo de
comportamientos que derivan en desatenciones de servidores públicos que abonan
a la ineficiencia y el desprestigio?
Que lo que florezca sean las buenas ideas, no
ocurrencias.
Gracias y hasta la próxima con el favor de Dios.
Rodrigo
Sotelo Mendívil
Director
General Masmedio
Correo: rodrigosotelo@masmedio.com
Twitter: @masmedio
