Por
Rodrigo Sotelo / Twitter: @masmedio
Apenas esta semana, coincidentemente recordamos el
compromiso de la actual administración municipal para la recuperación de
terrenos vendidos por Alejandro López Caballero, en condiciones de privilegio
que no disimula dolo y abuso de autoridad.
Desde campaña, el ahora alcalde Manuel Ignacio Acosta
Gutiérrez centró su discurso en la inocultable corrupción que practicaba el
gobierno de López Caballero, representada –entre otros hechos- en la irregular
urgencia con que se deshizo de bienes propiedad del Ayuntamiento.
El caso emblemático que sirvió de ilustración, fue el de
Juan Bautista Valencia Durazo, a quien como líder panista se le permitió
adquirir a precio de ganga un
extendido y valioso predio en el Vado del Río.
Del discurso al calor de la campaña, Maloro Acosta pasó a las acciones que comprueban
congruencia, consistencia y firmeza en la toma de decisiones.
Hemos dicho y sostenemos: la autoridad gubernamental se
ejerce en la imposición de orden y el cumplimiento de la obligación adquirida y
los compromisos ofrecidos, sin trasgredir derechos de particulares y velando
por el interés colectivo.
El no hacer más que lo que expresamente permite la ley;
pero no menos que lo que en ésta se especifica como responsabilidad pública.
Maloro
Acosta parece haber asimilado que su tarea como Presidente Municipal ya no es
el escarnio mediático, el compromiso es castigar a quienes mal utilizaron o
aprovecharon un cargo público para enriquecerse y generar complicidades.
En esta definición debe ubicarse la pretensión municipal
de recuperar 35 predios malbaratados durante la gestión de Alejandro López
Caballero, entre ellos, uno ubicado en el fraccionamiento residencial Cucurpe.
Se sabe, que por este terreno comprado por un señor de
apellido Villaescusa y valuado en más de 2 millones de pesos, el Ayuntamiento
sólo ingresó 66 mil pesos.
Un evidente acto de corrupción que también involucra al
comprador, al anterior Cabildo que autorizó y desincorporó, y en el que debió
participar el ex síndico Fernando Miranda Blanco.
Actitud contraria, la actual síndico Angelina Muñoz
Fernández solicita al Cabildo en funciones revocar este y 34 inmuebles más que
suman aproximadamente 34 mil metros cuadrados de áreas de equipamiento urbano.
Interesante conocer la opinión de regidores panistas,
como Diana Barrera Samaniego, dama que dice tener claro que a la ciudadanía no
le interesan posiciones políticas.
Utilicemos una cita de boletín para la integración de un
Consejo Municipal de Seguridad Pública: “no
politicemos el tema, no permitamos que este problema sirva para posiciones
frívolas a favor o en contra de unos cuantos, demos los resultados que la gente
espera”.
Pero bueno, decíamos que el ex síndico Fernando Miranda
debe una explicación sobre el penoso particular, en la inteligencia de que tuvo
intervención activa en este tipo de operaciones ilegales, inmorales.
Lo peor, hace un par de días leíamos en redes sociales
que todavía hay ex colaboradoras de este personaje que aún creen que desde el
Congreso –recordar que fue candidato y perdió- pudo haber dignificado la figura de los diputados… y no es broma.
El municipio fallido al que conceptualmente recurre la
oposición edilicia, también ocurriría si quedan impunes este tipo de agandalles y en ello participan quienes
facultados para impedirlo se emplean en ocultarlo o ignorarlo.
Si, urge que mejore la seguridad pública, como lo piden
los regidores panistas Israel Moreno y César Rascón.
También resulta apremiante reestablecer la legalidad y la
seguridad patrimonial que anteriores gobiernos se encargaron de dilapidar.
Gracias y hasta la próxima con el favor de Dios.
Rodrigo
Sotelo Mendívil
Director
General Masmedio
Correo: rodrigosotelo69@hotmail.com
Twitter:
@masmedio
