Por
Rodrigo Sotelo / Twitter: @masmedio
Por un momento vamos a ser genéricamente incorrectos, para confesar que empezamos a sufrir el gastado
discurso pro defensa y derechos de las mujeres.
Lo más reciente que nos ofrece esta ya modalidad política, es la iniciativa de la
diputada Ana Luisa Valdés Avilés que castiga con cárcel a quien ejerza
violencia política contra la mujer.
La priísta argumenta que esta idea busca que se sancione
penalmente todo acto de violencia
política en contra de mujeres llevado a cabo por partidos políticos, candidatos
y precandidatos a cargos públicos.
Militantes
de partidos, autoridades, empleados o servidores públicos, y en general,
cualquier persona física o moral.
Es decir, el proyecto de decreto que adiciona diversas
leyes ya existentes va dirigido a todo ser vivo con posibilidad de respirar y que
eventualmente pueda voltear a ver feo a cualquier fémina.
La legisladora representante del distrito XX de Etchojoa,
indicó que se entiende como violencia
política lo siguiente:
Cualquier acción, conducta u omisión, que basada en
elementos de género, tenga por objeto o resultado menoscabar, anular,
obstaculizar o restringir el reconocimiento o ejercicio de los derechos
políticos de las mujeres y su participación en asuntos públicos.
Los castigos propuestos para el violentador van de uno a ocho años de prisión, de veinte a
doscientos cincuenta días multa y destitución, en su caso, e inhabilitación de
uno a cinco años para desempeñar un empleo o cargo a todo servidor público.
La diputada del PRI soporta esta aportación a la
perspectiva de género, diciendo que es importante fomentar la participación de
las mujeres en asuntos públicos, en la
lógica de que “entre más mujeres haya en
puestos de dirección de nuestra nación, mejor será el futuro para todos”.
Y ofrece un lugar común que no puede ser más ambiguo e
impreciso:
“No se puede
entender el problema de la violencia política contra la mujer sin mencionar
que, desde las últimas dos décadas, la violencia contra la mujer (Sic) ha llegado a entenderse como forma de
discriminación y violación de los derechos humanos de las mujeres”.
Esto que se pretende, precisamente, redunda en una
aborrecible sobrevaloración y sobreprotección que representa, curiosamente, un
contrasentido a la legítima búsqueda de igualdad y equidad.
No es más que un disparate u ocurrencia legislativa, como
aquí atinadamente diría el secretario Ernesto De Lucas Hopkins.
La
corrupción no se ampara
No pudo ser más puntual la explicación del procurador
Rodolfo Montes de Oca Mena, en cuanto al amparo concedido al exgobernador
Guillermo Padrés y la posibilidad de que se considere inconstitucional la
creación de la Fiscalía Estatal Anticorrupción.
El Procurador dijo que las actuaciones de los Ministerios
Públicos asignados a la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, en la
investigación que se le sigue al panista, son vigentes, siguen su curso y no se
invalidan por la resolución del Juzgado Segundo de Distrito.
Explicó que se ejecutaron por agentes del Ministerio
Público cuyos nombramientos fueron expedidos por el Ejecutivo del Estado en
ejercicio de sus facultades constitucionales.
Es decir, pueden “invalidarse”
las conferencias de prensa del fiscal Odracir Espinoza Valdez, pero la
situación jurídica del reclamante no cambia y, en todo caso, el expediente se
seguiría en otra instancia facultada para ello.
La corrupción no puede gozar del beneficio del amparo,
pues.
El
PAN deja solo a Padrés
Por cierto, llamó la atención la prudencia con que el
Comité Directivo Estatal del PAN “explotó”
esta aparente oportunidad que un juez generoso les permitió con uno de sus más
prominentes militantes.
En boletín de prensa, el PAN Sonora se concentró en
pronunciarse por un Sistema Anticorrupción autónomo, apegado a la legalidad y
acorde al marco normativo federal.
“Acción Nacional se
pronuncia porque la justicia debe ser objetiva, y crear una institución que sea
verdaderamente autónoma, encabezada por un perfil que además de contar con
trayectoria profesional y credibilidad moral, sea nombrado por convocatoria
pública y por 2/3 partes del Congreso, sin tintes partidistas ni dependencia
del Gobierno”.
Buscamos en el posicionamiento partidista alguna
referencia al caso o el proceso de Guillermo Padrés y no, para absolutamente
nada lo mencionaron en el texto.
Claussen
cumplió
Finalmente, es justo reconocer que el director de
Isssteson cumplió el ofrecimiento de sentar esta misma semana al rector
Heriberto Grijalva Monteverde, para hacer un compromiso de pago por concepto de
cuotas de “enfermedades preexistentes”.
En nombre de la Gobernadora Claudia Pavlovich, el Rector fue
recibido en oficinas centrales del Instituto por Enrique Claussen Iberri, para
concretar este acuerdo que obliga a la Universidad a realizar en tiempo y forma
los pagos correspondientes a dicho rubro.
Como es apropiado, Claussen hizo un reconocimiento al
esfuerzo y disposición del rector de la Universidad de Sonora.
Gracias y hasta la próxima con el favor de Dios.
Rodrigo
Sotelo Mendívil
Director
General Masmedio
Correo: rodrigosotelo@masmedio.com
Twitter:
@masmedio
