El acuerdo fue propuesto por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el pasado 16 enero y precisa que los partidos estarían obligados a vigilar «escrupulosamente» las actividades y antecedentes de sus precandidatos y candidatos.
Contempla la prohibición para denigrar o emitir declaraciones sin sustento; la disminución del uso de dinero en efectivo en campaña; la entrega al instituto de un listado de personas políticamente expuestas, así como de proveedores, entre otras cosas.
El pasado 25 de enero, la discusión de este punto fue diferida con la finalidad de analizar la incorporación de la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) (realizar exámenes psicológicos, de confianza y toxicológicos a los candidatos) y la del presidente del IFE, Leonardo Valdés (eliminar todas las actividades en materia de seguridad contempladas en el documento priísta).
