La Cámara de Diputados interpondrá en las próximas horas una denuncia penal ante la PGR por el presunto espionaje telefónico contra legisladores de diversas fracciones parlamentarias y personal de las áreas administrativas.
En un comunicado difundido anoche en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Mesa Directiva, encabezada por el perredista Guadalupe Acosta, confirmó la detección de “anomalías” en los sistemas de comunicación de distintas áreas del recinto.
Funcionarios del órgano legislativo consultados al respecto confirmaron que el personal de Resguardo y Seguridad incautó equipos de intervención telefónica y hasta la transcripción de conversaciones privadas.
Dichos elementos serán integrados a la denuncia penal y puestos a disposición del Ministerio Público, después de que la Cámara de Diputados solicitó un peritaje externo para examinar los dispositivos hallados en diferentes espacios del inmueble.
El personal de vigilancia selló y puso bajo custodia desde el pasado viernes el área de telefonía del Palacio Legislativo de San Lázaro, y hasta anoche mantenía la instrucción expresa de impedir el acceso de cualquier persona o el retiro de objetos.
El conmutador general de la Cámara de Diputados operó normalmente ayer lunes, después de permanecer también clausurado durante el fin de semana.
Las fracciones parlamentarias y la presidencia de la Cámara de Diputados acordaron proceder contra quienes resulten responsables, exigir se investiguen los hechos y se sancionen conforme a derecho.
El órgano legislativo advirtió que, ante la gravedad de los hechos, “no vamos a permitir que estas acciones queden impunes y llegaremos hasta las últimas consecuencias”.
Según indicó, “esta práctica ilegal daña la dignidad de las personas, genera desconfianza de la sociedad a sus instituciones y atenta contra el Poder Legislativo Federal”.
Acosta instruyó ayer mismo a la Secretaría General y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos a integrar el expediente con las anomalías detectadas en los sistemas de comunicación y a interponer la denuncia penal por probables ataques a las vías generales de comunicación.
“Conforme recibamos información de parte de la instancia encargada de la procuración de justicia, y en la medida de lo posible, la daremos a conocer a la opinión pública”, acotó.
El diputado presidente Guadalupe Acosta tiene previsto convocar este martes a una rueda de prensa para ofrecer detalles del caso y hacer un pronunciamiento institucional en demanda del esclarecimiento de los hechos delictivos.
Como antecedente destaca el caso de espionaje telefónico contra el senador priista Manlio Fabio Beltrones en julio de 2008.
El entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República acusó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de intervenir ilegalmente sus conversaciones privadas y las de sus familiares.
El organismo de inteligencia negó las acusaciones, mientras el líder senatorial del PRI interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República.
– Claves
Otros casos
• Diputados y senadores del PRI exigieron en junio de 2010 la comparecencia del titular del Cisen, tras acusarlo de grabar y difundir conversaciones telefónicas del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en medio del proceso electoral de esa entidad.
• Años antes, en abril de 2007, las perredistas Dolores Padierna y Alejandra Barrales responsabilizaron también a ese organismo de intervenir sus comunicaciones referentes a los preparativos para tomar la tribuna parlamentaria de San Lázaro.
