El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció criterios más severos para castigar la violencia política de género (VPG), un tema en el que se hizo sentir la pugna al interior del máximo tribunal.
Al cierre de 2023, con el voto a favor de la nueva presidenta, Mónica Soto Fragoso, y de los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña, el órgano jurisdiccional determinó considerar como VPG cualquier señalamiento crítico respecto a una supuesta subordinación de aspirantes mujeres a un hombre de poder, aun cuando provengan de otra mujer.
Esto contrasta con la tolerancia que, bajo el argumento de garantizar el derecho a la libertad de expresión, los jueces electorales habían esgrimido hasta ese momento.
Los nuevos criterios, aprobados durante la sesión del pasado 27 de diciembre y los cuales tendrán implicaciones en la competencia presidencial, derivan del caso de Delfina Gómez, quien como precandidata a la gubernatura del Estado de México fue tachada por la diputada Melissa Vargas (PRI) de depender “de las decisiones políticas de un grupo de hombres”.
Los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora argumentaron que las expresiones eran propias de una contienda electoral. Sin embargo, la decisión fue tomada por el grupo que logró que Reyes Rodríguez dejara la titularidad del Tribunal.
ENDURECEN CASTIGAR VIOLENCIA DE GÉNERO EN TEPJF
La pugna interna en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se hizo sentir al cierre del 2023 con el establecimiento de criterios más severos para castigar la llamada violencia política de género (VPG).
Con el voto de la nueva presidenta de este órgano jurisdiccional, Mónica Soto Fragoso, y de los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña, la Sala Superior del TEPJF se endureció al proscribir los señalamientos críticos que podrían darse sobre la presunta supeditación política de candidatas a liderazgos masculinos.
Este nuevo rigor contrasta con la tolerancia que, bajo el argumento de garantizar el derecho a la libertad de expresión, los jueces electorales han tenido al resolver las denuncias de los partidos de oposición sobre descalificaciones presidenciales en contra de sus candidatas.
La definición del bloque ahora mayoritario que logró en diciembre quitar de la presidencia del Tribunal al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fijó hace 12 días los límites con los que habrán de juzgarse las quejas por VPG durante la contienda presidencial de este año.
De aplicarse, en lo sucesivo, los criterios aprobados en la sesión del 27 de diciembre para castigar a la diputada Melissa Vargas (PRI) por cuestionar a la precandidata a la gubernatura mexiquense, Delfina Gómez (Morena), cualquier señalamiento crítico respecto a una supuesta subordinación de aspirantes mujeres a un hombre de poder, estaría siendo considerado como violencia política de género, aun cuando provengan de otra mujer.
CASO DELFINA FIJA LÍMITES
En el debate de la última sesión del 2023 entre los cinco integrantes que ahora conforman la Sala Superior del Tribunal Electoral –el Senado de la República está en falta con dos nombramientos pendientes–, Rodríguez Mondragón defendió los argumentos expuestos por la magistrada Janine Otálora, quien como responsable del caso resolvió que la legisladora priista sólo había ejercido la crítica que, remarcó, es propia de las contiendas.
La propuesta de Otálora era revocar la determinación del Tribunal mexiquense, alegando que “las expresiones denunciadas constituyen críticas hacia una precandidata vinculadas con su disponibilidad para participar en un debate dentro del proceso electoral en el que se evalúan las capacidades y aptitudes de quien aspira a ocupar una gubernatura, así como la forma y las personas que intervienen en la toma de sus decisiones, aunado a que las expresiones denunciadas no tuvieron por objeto o resultado menoscabar o anular los derechos político-electorales de la entonces precandidata, ya que las mismas constituyen una provocación aceptable en el marco de una contienda electoral”.
Y aunque el caso ocurrió ocho meses atrás, en la precampaña mexiquense de la morenista Delfina Gómez, la votación del 27 de diciembre tendrá implicaciones en la competencia presidencial.
Mientras Otálora y Rodríguez Mondragón alegaron que las expresiones denunciadas por la ahora gobernadora contra la diputada Vargas eran propias de la libertad de expresión que se da entre los protagonistas de una contienda electoral, los magistrados Soto, Fuentes y De la Mata determinaron que los dichos de la priista rebasaron los límites de ese derecho.
EL FALLO MEXIQUENSE
La controversia ya había sido juzgada en el Tribunal Electoral del Estado de México, donde se le dio la razón a la morenista. Al difundirse esa resolución se informó que la legisladora federal sería inscrita en el padrón de personas violentadoras y, por lo tanto, quedaría inhabilitada para contender por un nuevo cargo.
Melissa Vargas dijo que esa era una interpretación falsa y malintencionada y recurrió a la Sala Superior federal para inconformarse por ese fallo local, alegando que la resolución era “arbitraria y desproporcionada”, en tanto le causaba “agravio personal” y se dijo “víctima de un linchamiento político”.
El trio de magistrados ahora hegemónico en el TEPJF resolvió que “del análisis de las expresiones denunciadas se advirtió que constituyeron violencia política de género en perjuicio de la precandidata, porque tuvieron por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos político-electorales”.
En conferencia de prensa en abril de 2023, la diputada Vargas comentó respecto a quien en ese momento era precandidata de Morena al gobierno estatal:
Hay una precandidata que ha decidido esconderse, no dialogar, no dar la cara, que depende de las decisiones políticas de un grupo de hombres para poder hablar o no sin autonomía, y desafortunadamente por lo visto sin capacidad para tomar decisiones propias.
Tiene miedo a debatir, de proponer, de tomar sus propias decisiones. De mujer a mujer hoy le decimos, ninguna mujer puede ser manipulada y no nos puede representar a las mujeres en el Estado de México”.
MÁS VIOLENCIA CONTRA ELLAS
Al analizar esos dichos, en la última sesión del año pasado en el Tribunal Electoral quedó de manifiesto el carácter subjetivo con el que continúa analizándose la VPG en una Sala Superior que, por otra parte, le ha disculpado al Presidente de la República sus señalamientos en torno a candidatas de la oposición bajo el argumento de que lo hace en apego a su derecho a la libertad de expresión.
Reyes Mondragón llamó a sus compañeros a dimensionar que ese tipo de interpretaciones terminan afectando los derechos políticos de las mujeres que se pretenden preservar. “Las críticas denunciadas, analizadas en su contexto, no actualizan violencia política de género”, sostuvo.
Y consideró que este caso era una oportunidad para seguir construyendo la manera en que el TEPJF debería analizar las quejas de supuesta violencia política de género cuando a la que se denuncia como agresora es una mujer.
Rodríguez Mondragón abiertamente se pronunció por establecer para dichas situaciones parámetros diferentes a los que se aplican cuando se trata de conductas atribuidas a hombres.
Debemos cuestionarnos qué tan positivo y transformador es reprochar a una mujer que no logra adoptar una conducta totalmente libre de una ideología de género patriarcal, cuando ellas mismas se encuentran enfrentando a esa ideología”, planteó el magistrado.
Considero entonces que es posible adoptar parámetros diferenciados y más flexibles cuando se trata de supuestas violencias políticas de género atribuidas a una mujer, porque adoptar los mismos estándares que usamos cuando juzgamos a hombres, de hecho, puede generar impactos diferenciados en las mujeres”, argumentó Rodríguez Mondragón.
Expuso que era injusto exigir a las mujeres que “jueguen con las mismas reglas de los hombres”, explicando que hacerlo era someterlas a un nivel de exigencia alto, sin considerar que ellas se encuentran librando internamente batallas internas y externas en contra de la ideología de género patriarcal.
Y en el caso concreto de los dichos de Melissa Vargas, Rodríguez Mondragón sostuvo que en todo caso se trató de una invitación a Delfina Gómez a no dejarse influenciar por un grupo de hombres y mostrar su capacidad de debatir y, por tanto, para dirigir una entidad federativa.
LA POSTURA DE LA PRESIDENTA
La presidenta Mónica Soto rechazó efectuar una distinción.
