Miguel Pulido, director ejecutivo de Fundar Centro de Análisis e Investigación, comentó que lo preocupante es que los diputados quieren llevar a la Constitución la reserva de información a pesar de que históricamente los gobiernos han utilizado este principio como pretexto para negar sistemáticamente lo que no quiere que se sepa.
“Uno de los elementos de preocupación en el ejercicio en el derecho de acceso a la información es el abuso de las causales de reserva por razones de seguridad, supuesta puesta en riesgo de las relaciones internacionales, etcétera. Las excepciones que ya prevé la ley suelen utilizarse de manera abusiva por las autoridades para negar la información y lo que propuso el PRI para el dictamen es la constitucionalización de esa práctica”, aseguró el abogado.
En caso de que alguno de estos órganos impugne la decisión del IFAI de hacer pública cierta información, el ciudadano tendría que contratar un abogado para defender ante la SCJN su derecho a la información.
“El régimen de transparencia hasta el momento nos ha dado más satisfacciones y pequeños avances en la democratización de lo público, la posición del PRI es la inversa, tienen una actitud como si hubiera evidencia de que el acceso a la información estuviera afectando los intereses públicos, pero no, afecta los intereses políticos y si lo que quieren es proteger, aislarse de la discusión pública y seguir operando en un manto de altísima discrecionalidad, arbitrariedad y abuso esta es la mejor manera”, dijo Pulido.
La minuta aprobada en el Senado en diciembre de 2012, fortalecía las facultades del IFAI ya que sus resoluciones serían vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados y toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, personas físicas, morales y sindicatos se consideraba pública y sólo podría ser reservada temporalmente por razones de interés público o de seguridad nacional. Con las modificaciones que se aprobaron ayer, ciertos entes del gobierno podrían apelar en la SCJN sus resoluciones.
Este dictamen, con cambios a la minuta enviada por el Senado, se presentará al pleno durante el periodo extraordinario que se efectuará del próximo miércoles 21 al viernes 23 de agosto donde deberá ser discutida y votada.
