El Gobierno federal procedió a congelar las cuentas
relacionadas con Rosario Robles Berlanga exsecretaria de Sedesol y Sedatu y de
Emilio Zebadúa, quien fuera su oficial mayor en ambas dependencias y operador
principal del presunto desvío de recursos millonarios a través de, por lo
menos, 11 dependencias federales, ocurrido durante la Administración de Enrique
Peña Nieto, principalmente por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Pemex y
Banobras.
Información obtenida por Aristegui Noticias revela que los
elementos legales que fueron considerados para llevar a cabo el congelamiento
de cuentas de Zebadúa y Robles, se relacionan con la acción, comisión y omisión
en diferentes delitos cometidos presuntamente por ambos exfuncionarios. En el
caso de Robles, se considera que incumplió con la calidad de garante de la ley
que tenía como secretaria de Estado. En la investigación se presume, también,
desvío de recursos públicos, generación de empresas fachada, contratación sin
control adecuado, lavado de dinero y corrupción política.
Desde dichas entidades públicas se entregaron contratos a
otras entidades públicas, entre ellas universidades y sistemas de comunicación
pública en varios estados del país.
La investigación principal que dio origen a diversas
publicaciones periodísticas fue realizada por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) durante la gestión de Juan Manuel Portal y la investigación
forense corrió a cargo de Muna Dora Buchain, directora de dicha área de la ASF.
Señalada por desvío de recursos públicos, contratación sin
control adecuado, generación de empresas fachada, lavado de dinero y
corrupción, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) decidió ayer congelar
las cuentas de la exsecretaria de Sedesol, Rosario Robles, y de quien se
desempeñara como su oficial mayor, Emilio Zebadúa.
Recientemente la UIF de la SHCP, a través de su titular
Santiago Nieto, señaló que la investigación que realiza contempla la actuación
de seis servidores públicos involucrados en este esquema de desvíos millonarios.
Señaló que por lo menos 50 empresas estarían relacionadas con la trama y que
existen fuertes indicios de conductas delictivas y lavado de dinero.
La ASF documentó, por su parte, que el Gobierno del
exmandatario Enrique Peña Nieto entregó a una red de cerca de 130 empresas, de
las cuales por lo menos un centenar resultaron fantasma, contratos por más de 7
mil 500 millones de pesos.
Desvío
En el caso de Emilio Zebadúa, la Auditoría Superior de la
Federación ha dado seguimiento a la denuncia penal presentada en octubre 2018
–ante la entonces Procuraduría General de la República– por su presunta
participación en el desvío de 185 millones de pesos desde la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a empresas fantasma mediante
contrataciones ilegales. Esto habría ocurrido en 2016, cuando la titular era,
precisamente, Rosario Robles Berlanga.
La acusación señala que tanto Zebadúa, como el oficial
mayor, y dos de sus colaboradores suministraron recursos públicos de forma
indebida a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, misma que no dio
cumplimiento a los compromisos y servicios contemplados en acuerdo firmado a
principios de 2016.
La Universidad subcontrató, por encima del porcentaje
permitido legalmente, los servicios que se había comprometido a realizar.
Tampoco se acreditó que las empresas subcontratadas hubieran realizado dichos
servicios. En la acusación penal formulada, se presume, entre otras conductas,
el desvío de recursos públicos en cantidades millonarias.
Defensa
Robles Berlanga presentó, la semana pasada, una demanda de
amparo contra cualquier posible orden de aprehensión que pudiera ser librada en
su contra, a solicitud de la FGR. También presentó un recurso de revocación
contra el citatorio para la audiencia de imputación, con el propósito de que
sea aplazada y tenga acceso al expediente, informó Julio Hernández Barros,
abogado de la exsecretaria.
Explicó también que en caso de que sea declarado procedente
el recurso de revocación, la audiencia de imputación del 8 de agosto sería
aplazada y Robles tendría acceso a la carpeta de investigación.
