La Fiscalía General de la República (FGR) investiga cuatro
inmuebles que presuntamente fueron convertidos, por funcionarios de la Sedatu y
la Sedesol, en las “fábricas de documentos falsos” empleados en la llamada
Estafa Maestra.
De acuerdo con informes federales, al menos tres
exservidores públicos han declarado a la Fiscalía que estos domicilios,
ubicados en las colonias Anzures y Polanco, operaban como oficinas “alternas”
de colaboradores del exoficial mayor, Emilio Zebadúa, para fabricar contratos,
recibos y comprobantes con firmas falsificadas.
La información proporcionada a la FGR apunta a que los
excolaboradores de Zebadúa falsearon las rúbricas de 11 exfuncionarios para,
supuestamente, justificar el desvío de aproximadamente 2 mil 800 millones de
pesos de la Sedatu y de la desaparecida Sedesol.
Uno de los lugares está localizado en Tennyson 77 en
Polanco, identificado ante la Fiscalía como oficina de Zebadúa, quien
administró los dineros en la Sedatu y la Sedesol como colaborador de Robles.
Vinculan a Robles con ‘fábricas’ de falsificados
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la
Fiscalía General de la República solicitó a la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de Hacienda congelar las cuentas de Rosario Robles para
continuar con la investigación por la Estafa
Maestra.
La extitular de la Sedesol y la Sedatu pidió en una carta a
Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, no permitir que influya el
“linchamiento mediático” del que afirma ser víctima.
Robles señaló que antes de comparecer el próximo jueves 8
de agosto se debe descartar el “efecto corruptor” de su proceso y le recuerda a
Zaldívar que él ha sido uno de los defensores de esta tesis.
‘3 TESTIGOS’
Por su parte, la FGR halló vínculos entre Zebadúa, Robles y
“oficinas alternativas” de la Sedatu y la Sedesol que fungieron como “fábricas
de papeles falsos”, como la oficina donde operaba el mismo Zebadúa, que se
ubica en Tennyson 125, en Polanco.
Otros dos inmuebles eran las oficinas de Claudia Morones
Sánchez, contadora en ambas dependencias, localizadas en Bahía Magdalena 125 y
146, en la colonia Anzures, y que es señalada como coordinadora de las
“fábricas” .
Además de los domicilios que hoy indaga la Fiscalía, la red
para el saqueo a Sedesol y Sedatu operó en otros 10 domicilios y oficinas a
donde llevaron más de 700 millones de pesos.
Los datos fueron obtenidos por la FGR con los testimonios
de José Antolino Orozco, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace
Institucional; Marcos Salvador Ibarra, exdirector general de Coordinación de
Delegaciones, y María del Carmen Gutiérrez Medina, exjefa de la Unidad de
Políticas, Planeación y Enlace Institucional en Sedatu y Sedesol.
Los exfuncionarios consiguieron en las últimas semanas un
preacuerdo con la FGR para colaborar en las investigaciones a cambio de
inmunidad penal.
Los testigos señalaron que sus firmas fueron falsificadas
en convenios, solicitudes de pago y oficios empleados para desviar por lo menos
2 mil 60 millones de pesos en las dependencias federales.
