La Fiscalía General de la República (FGR) detectó a
través de una serie de peritajes especializados un posible enriquecimiento
ilícito y fraude fiscal por al menos 20 millones de pesos del exgobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de su esposa Karime Macías, y de otras personas
y familiares cercanos a la pareja.
Por este caso, cuya investigación inició desde hace casi
tres años, la FGR (antes PGR) solicitará nuevas órdenes de aprehensión a jueces
federales en las próximas semanas. Una de ellas ya se dio a conocer el pasado fin
de semana en contra de Mónica Tubilla Macías, prima de Karime Macías.
Autoridades federales informaron que el 11 de julio de
2016 la entonces PGR inició la carpeta de investigación
FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016 en contra de Duarte y su primer círculo
familiar por la denuncia presentada por Miguel Ángel Yunes Linares. A ellas se
integró el acta circunstanciada AC/UEIDFF/010/2016 abierta un mes antes, por
una denuncia anónima interpuesta en contra del exgobernador de Veracruz por
enriquecimiento ilícito.
Ese fue el punto de partida de las investigaciones que
permitieron corroborar presuntas
irregularidades entre los recursos económicos detectados en las cuentas
bancarias de Duarte y su esposa, respecto a los ingresos de los mismos. En
síntesis fueron 20 millones de pesos que supuestamente transitaron por las
cuentas sin actividades (legales) que las amparen. Dinero que incluso pudo
llegar al extranjero.
Para verificar lo anterior la Subprocuraduría de Delitos
Federales de la entonces PGR obtuvo información de distintas instituciones
federales, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda,
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancara de
Valores, y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Incluso se solicitaron
asistencias internacionales a Estados Unidos, España y Costa Rica.
Además se solicitó a la Secretaría de la Función Pública
(SFP) un dictamen técnico contable en materia de evolución patrimonial tanto de
Duarte de Ochoa así como de sus dependientes económicos.
Por su parte, la PGR llevó a cabo diversos peritajes en
materia de contabilidad y evolución patrimonial. Uno de ellos concluyó que en
el periodo del 1 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2015 existe un
aumento patrimonial de Javier Duarte sin justificación. Dicho periodo coincide
con los cinco primeros años de su administración.
Desde octubre de 2016 y previa autorización de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Ministerio Público Federal
consiguió el aseguramiento de múltiples cuentas bancarias relacionadas con
Duarte, su primer círculo familiar y
posibles prestanombres.
Los delitos y el retraso en la denuncia
De acuerdo con lo explicado por autoridades que
participaron en la investigación, los nuevos delitos que estarían configurando
en contra de Macías, Duarte y otros involucrados, son defraudación fiscal y
enriquecimiento ilícito equiparados.
Lo anterior ya que se detectaron recursos económicos que
no están amparados ante ninguna actividad comprobable y que, por ende, tampoco
fueron reportados a Hacienda ni se cumplieron las obligaciones fiscales
correspondientes. La confirmación de la defraudación fiscal permite a su vez
corroborar la existencia de recursos no justificados, que en el caso de Duarte
y sus familiares directos es equiparable a enriquecimiento ilícito.
El progreso de este caso se vio detenido al menos año y
medio debido a la falta de denuncia formal de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), hecho confirmado por el subprocurador Felipe Muñoz en
una conferencia de prensa en octubre de 2018.
Y es que acuerdo con el artículo 92 del Código Fiscal de
la Federación, para que pueda procederse penalmente en un caso de defraudación
fiscal es indispensable que la Secretaría de Hacienda presente ante el
Ministerio Público la querella correspondiente.
Fue hasta diciembre de 2018 cuando se dio a conocer
públicamente que la SHCP había formalizado la denuncia por defraudación fiscal
en contra de Karime Macías por las irregularidades detectadas en sus
movimientos bancarios.
Cabe señalar que la investigación federal por estos
delitos no solo se extendió al círculo familiar del exgobernador de Veracruz y
su esposa sino a varios colaboradores.
Las autoridades consultadas informaron que el delito de
defraudación fiscal equiparada se confirmó en al menos dos casos más: el del
abogado fiscalista José Juan Rodríguez Janeiro por irregularidades en el
ejercicio fiscal de 2012, y en el del empresario Moisés Mansur Cysneiros por
irregularidades en los ejercicios fiscales 2012 y 2014.
Hasta ahora no se ha precisado públicamente si las
órdenes de aprehensión en contra de ellos dos fueron solicitadas a os jueces
correspondientes o aún no.
Este sería el segundo caso penal en contra de Janeiro y
Mansur luego de que ambos fueron acusados, junto con Javier Duarte y otras
personas más, de lavado de dinero y delincuencia organizada, caos por el cual
el exgobernador de Veracruz fue sentenciado a 9 años de prisión.
Janeiro logró ser absuelto en dicho proceso a cambio de
colaborar con las autoridades federales confesando los actos ilegales. Por su
parte Mansur huyó a Canadá donde aún permanece junto con su familia, sin que a
la fecha el gobierno de México haya conseguido extraditarlo.
Opacidad en casos Duarte y Macías
Desde el año pasado Javier Duarte y Karime Macías
enfrentan procedimientos de carácter internacional promovidos por México,
derivados de órdenes de aprehensión giradas en contra de ambos por jueces de
Veracruz.
En el caso de Javier Duarte pesa en su contra una orden
de aprehensión por el delito de desaparición forzada. Para que la misma pueda
ser cumplimentada, se necesita que Guatemala (país que lo extraditó en 2017)
autorice su ejecución como una excepción al tratado que solo permite procesar a
una persona por los delitos originales por los cuales fue entregada.
En el caso de Karime Macías, la Fiscalía de Veracruz
obtuvo una orden en su contra por posibles hechos de corrupción, la cual no ha
podido ser cumplimentada pues, desde 2016, ella y sus hijos viven en Londres
donde solicitaron refugio. Por ello se giró una ficha roja de Interpol en
contra de Macías, y se puso en marcha la solicitud formal de extradición.
En ambos casos los procedimientos están a cargo de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual no ha informado de avance
alguno. En ese contexto Animal Político solicitó vía transparencia a la
dependencia conocer el estatus de estos procedimientos que públicamente han
sido confirmados, sin embargo, la SRE se negó a informar argumentando que son
datos “confidenciales”.
En el caso de Karime Macías la SRE argumentó al dar
respuesta a la solicitud folio 0000500236618 que “el dar a conocer si una
persona cuenta o no con una petición de extradición en su contra afectaría el
derecho a la presunción de inocencia y a salvaguardar su honor”.
Y respecto a la solicitud de Javier Duarte folio
0000500236518, la dependencia federal respondió con una negativa casi idéntica
a la anterior. Señaló que “dar a conocer si una persona cuenta o no en su
contra con una petición de excepción al Principio de Especialidad (…) afectaría
el derecho a la presunción de inocencia y a salvaguardar su honor”.
En este contexto Animal Político ya promovió ante el
Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) recursos en contra de esta
negativa de proporcionar la información.
