Por Rodrigo Sotelo
Empieza a verse el
producto de la comprable preocupación que Gildardo Real Ramírez esgrime en su
reciente activismo por la protección familiar, al presentar iniciativa de ley
para sancionar a los bromistas que
distraen con llamadas falsas a los cuerpos de emergencia.
Ayer, como unos de los
principales puntos a tratar en la sesión del Congreso, el panista realizó una
convincente exposición de motivos.
El tema va en concordancia
con la educación en protección civil que lleva a las escuelas de la ciudad.
El legislador del PAN
explicó que se pretende definir que comete delito quien dé un aviso falso y
provoque la movilización o presencia de personal de emergencia, protección
civil, bomberos o elementos de las corporaciones policíacas.
La finalidad de inhibir la
alta incidencia de llamadas falsas a los números 066 y 089, así como sancionar
a quien utilice algún medio de comunicación para reportar eventos ficticios que
movilicen cuerpos de emergencia.
Para ello, se necesita que
este tipo de bromas sean tipificadas
como delito y puedan ser sancionadas hasta con prisión, al elevarse a rango de
ley.
Habla de sanciones
económicas y hasta prisión para los infractores.
Al que utilice los números
de emergencia para dar un aviso que resulte falso, se le impondrá de dos meses
a dos años de prisión y multa de diez a cien días de salario; en caso de
reincidencia, se impondrán de dos a cuatro
años de prisión y multa de cincuenta
a doscientos días de multa.
Pero si la conducta del bromista provoca un accidente o daños a
consecuencia de una llamada o mensaje falso, se impondrá de tres a cinco años de prisión y multa de doscientos días de salario.
Ni los menores se
salvarán, por aquello de los escolantes
que reportan bombas en época de exámenes, pues para ellos se impondrá servicios
comunitarios.
Y es que, para
dimensionarlo, de acuerdo a datos proporcionados por el Consejo Estatal de
Seguridad Pública, se reciben de 3 mil a 3 mil quinientas llamadas diarias para
reportar emergencias, de las cuales aproximadamente el 80 por ciento son
falsas.
Sobra decir que este tipo
de travesuras ocasiona pérdidas económicas y la posibilidad de no brindar el
apoyo a quien realmente lo requiere.
Coincidimos con el diputado
Gildardo Real, en que al final si se logra inhibir esta ascendente práctica, se
estará beneficiando a las familias sonorenses.
Fue, además, notorio y
efectivo el trabajo de difusión que organizó su equipo de trabajo.
Minutos después de
terminada la sesión, ya era posible conocer la explicación detallada de la
propuesta, además de un producido video en donde se logra sensibilizar sobre la
importancia de atender este tema.
Gildardo mostró empeño en
comunicar con precisión y abundancia, algo que ahora se asoma en cada una de
sus actividades, y que le está resultando productivo.
No es su hábitat natural,
pero lo hace extraordinariamente bien.
Samuel Moreno bautiza una ley ¡con su nombre!
Por otra parte, pero sin
salirnos del Congreso del Estado, nos vemos en la penosa necesidad periodística
de sugerirle al diputado Samuel Moreno Terán que no empañe con frivolidades y
protagonismos una aparente buena iniciativa en contra de la proliferación de
casinos.
Cuando apenas creíamos
superar el “Tú Procurador en tus Agencias del Ministerio Público”, otro genio de esos que sienten construir
candidatos o buenos gobiernos a partir de la más simplona propaganda política,
bautizó una ley del diputado ¡con el nombre de éste!
Es decir, así como en su
momento Roberto Ruibal llamó “Iniciativa Joselyn” una de sus propuestas, en
homenaje a una niña preocupada por la salud mental en las escuelas, los
comunicadores del coordinador priista encuentran méritos para que el Jefe tenga
su “Ley Samuel Moreno”.
Es un exceso, y si bien es
cierto que los porristas alrededor de los políticos suelen utilizar este tipo
de lisonjas para ocultar mediocridades –las del porrista que no sabe hacer bien
su trabajo, decimos-, el propio Samuel Moreno debió haber observado que no es
lo más prudente para su ley anticasinos.
¿Por qué no “Ley
Anticasinos” en lugar de “Ley Samuel Moreno”? conocemos la respuesta, por ello
la crítica al descuido de las formas, porque en el fondo la intención nos
parece loable.
Suena sustancial pasar de
los exhortos o de la repartición de culpas a la modificación de leyes para
evitar la instalación de más casinos y así poner un alto al incremento de casos
de ludopatía, como lo propone el prisita.
Samuel Moreno plantea que
se incluya la ludopatía en el catálogo de enfermedades mentales para que el
Estado se encargue de crear programas de prevención, combate y erradicación de
este padecimiento.
En la parte de la Ley de
Ordenamiento Territorial, la propuesta va encaminada a que los municipios
puedan contar con facultades para controlar la llegada de centros de apuestas.
En este apartado se
establece que ningún casino deberá instalarse a no menos de 5 kilómetros de
distancia de áreas residenciales, escuelas, guarderías y centros deportivos.
Uno de los candados de
restricción más importantes para los ayuntamientos, establece que se puede
otorgar únicamente una licencia de uso de suelo para casinos por cada 300 mil
habitantes.
Así, los casinos deberán establecerse
en zona turística, siempre y cuando se encuentren fuera del área urbana,
situación que no se cumple en la gran mayoría de los 42 casinos que se
encuentran en operación actualmente en Sonora.
Y ya, en serio, ¿así la
mencionó el diputado en tribuna, como “Ley Samuel Moreno”, o de plano fue una
licencia que se dieron en su área de comunicación social?
Transformación del transporte
De la plática que sostuvo
el gobernador Guillermo Padrés Elías con conductores del Sindicato de
Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión (STIRT), aquí en
Hermosillo, destacamos como novedad el anuncio hecho sobre el tema transporte
público.
El Góber habló de una nueva iniciativa para modernizar de forma
integral el servicio de transporte urbano que será enviada al Congreso del
Estado.
Además, dio a conocer que
se han invertido más de mil millones de pesos al transporte en Sonora, “pero
falta mucho por hacer para reforzar completamente el sistema y dar a los
ciudadanos el servicio que se merecen”.
Ahí está, creemos, el
detalle porque si se han destinado mil millones de pesos y se percibe un
reverendo caos, ¿cuánto habrá de meterle el Estado para que el transporte medio
funcione dignamente?
Vamos a platicarlo con
Francisco García Gámez, él debe saber…
“La responsabilidad se comparte”
Interesantísima la
justificación que da el contralor municipal de Cananea, Óscar Damián Hernández,
para explicar la suspicaz actuación de la actual administración en la
inhabilitación de ex alcalde Reginaldo Moreno García.
Dice que el profe Reginaldo no comprobó el correcto
uso de recursos de programas sociales; bueno, más bien, se implica directamente
al director de Desarrollo Urbano, a un encargado de adquisiciones de Tesorería
y a un regidor.
Don Óscar indicó, esto es
lo que rescatamos, que “las funciones se delegan pero la responsabilidad se
comparte”.
Suponemos que el alcalde
Francisco Javier “Bambino” Tarazón
Curlango, en esta lógica, mete las manos al fuego por todos sus funcionarios…
muy temerario lo que dice su Contralor.
Gracias y hasta la próxima
con el favor de Dios
Rodrigo Sotelo Mendívil
Director General Masmedio
Correo: rodrigosotelo69@hotmail.com
Twitter: @masmedio
