Por
Rodrigo Sotelo / Twitter: @masmedio
Hace un par de días, en entrevista de radio, la alcaldesa
Célida López declaró que estaba viviendo una etapa de su vida en la que está
dispuesta a dejarse ayudar, en la que quiere ser feliz, ser positiva y sonreírle
más a la vida.
Algo le volvió a pasar, alguien volvió a interrumpir su
confesado estado de relajación para regresarla a su naturaleza, a su
esencia pendenciera, imprudente e irracional.
Ayer, luego del intento fallido por llevar a juicio
político al exalcalde Maloro Acosta,
la Presidenta Municipal de Hermosillo se refirió así de sus compañeros legisladores morenistas:
“La ignorancia no
es excusa del proceder de un legislador. Tuvieron meses el expediente y pruebas
suficientes. Traicionaron al pueblo y el mismo los juzgará. La coordinadora de
los diputados de @MorenaenSonora debería presentar su renuncia por incapaz”.
Y hoy, ante la respuesta de los aludidos que reclamaron
un expediente “viciado dolosamente desde
el inicio” y sin sustento jurídico, ciertos funcionarios municipales se han
dedicado a echar gasolina al fuego que inició la alcaldesa.
Impresentables como Edgar Sallard, director de
Transformación Social del Ayuntamiento, se atreven a condenar la actuación de
los diputados acusando “encubrimiento”
y poniendo a los legisladores de Morena a nivel de “cómplices”.
Quienes intentan distraer o confundir asignándole a un juicio político una
trascendencia legal y reparatoria que no tiene, han perdido la memoria y mal
entendido el alcance legislativo.
La incapacidad –y desinterés- demostrada por Célida López
en el ámbito jurídico es ilustrativa por sí misma, además de un aviso inequívoco
de traición partidista.
Fue Célida López candidata la que arengó desde un
templete que el Maloro Acosta tendría
que ir buscando abogados.
Fue la ahora alcaldesa la que acusó al hermano del Maloro Acosta por intentar cobrar unas
facturas en Agua de Hermosillo.
Ella, nadie más, denunció que la intentaron sobornar para
que se desistiera de cancelar la concesión de Alumbrado Público. Como lo hizo.
Es Célida López la que tiene la carga de la prueba y la
obligación gubernamental de acudir a las instancias que correspondan.
¿Por qué no lo ha hecho? ¿A quién espera engañar –o proteger-
inculpando a un grupo de legisladores sin aportar elementos que posibiliten la
procedencia de un juicio político?
Célida está obligada a responder por sus omisiones
jurídicas e impericias políticas y gubernamentales.
A ella es a quien se le tendría que entablar un juicio
político para que responda bajo esta figura simbólica, por su inexplicable
indiferencia y los visos de negociaciones con los grupos de poder que le
antecedieron.
Una explicación política, que disipe toda sospecha de impunidad
y corrupción.
Si la ignorancia no es excusa, la incompetencia no es
justificación.
Pero, síganla haciendo comadre.
Ella no tiene la culpa.
Gracias y hasta la próxima con el favor de Dios.
Rodrigo
Sotelo Mendívil
Director
General Masmedio
Correo:
rodrigosotelo@masmedio.com
Twitter:
@masmedio
