Por
Rodrigo Sotelo / Twitter: @masmedio
Cuando escuchamos que una autoridad como la alcaldesa de
Guaymas se jacta de estar por alcanzar el primer lugar en seguridad, a horas de
registrarse en su municipio una ejecución múltiple, no podemos menos que sumarnos
a todo proyecto realista y de beneficio ciudadano.
La desvergüenza con la que se expresan algunos gobernantes,
puede obligarnos a legalizar la autoprotección; pero no a normalizar la
delincuencia ni a claudicar frente a la incompetencia.
Ayer, el diputado panista Gildardo Real Ramírez presentó
una pertinente iniciativa con el objeto de hacer adecuaciones relacionadas a la
legítima defensa como causal de exclusión del delito.
En su exposición de motivos, este legislador –uno de los
más capaces y productivos de la actual Legislatura- se dijo comprometido en buscar
políticas públicas de seguridad para los ciudadanos donde se elimine lo que no
ha funcionado y se trabaje en acciones reales.
A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional,
expuso que los sonorenses vivimos con miedo no sólo de ser víctimas de la
delincuencia sino de la impunidad en la que ésta opera en nuestras ciudades.
Y ofreció algunos datos tan irritantes como descriptivos:
En
Sonora sólo en 2017 se perpetraron 113 mil robos a casa habitación. Es decir,
el 13.8 por ciento de todos los delitos en el estado.
Las
pérdidas materiales por cuenta de los robos a los hogares de los sonorenses
asciende a 3 mil 989 millones de pesos.
De
2015 a 2018 los robos a negocio con violencia crecieron un 489% de acuerdo al
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 2018 fue un
año récord en Sonora en este tema.
En
ese mismo año, el 52% de los robos a casa habitación fueron ejecutados con lujo
de violencia y en negocios, el alarmante 82% de los delitos se perpetraron en
esta modalidad.
Y sólo
el 7% de los delitos ocurrido en Sonora se denuncian porque el 93% de las
víctimas tienen miedo a ser delatados por las autoridades.
Un entorno de impunidad e indefensión casi absoluta, al
que habría de agregarse el cinismo de personajes como Sara Valle y todos-as
aquellos que todavía se atreven a simular o a presumir disminuciones en
incidencia delictiva.
En el Código Penal ya existe la figura de legítima
defensa, aunque acotada a despropósitos como la proporcionalidad. Es decir, para que puedas utilizar un arma de
fuego en protección de tu hogar y familia, antes el delincuente tuvo que haber
accionado una.
Además, quien está obligado a comprobar la legítima
defensa ¡es la víctima y probablemente desde la cárcel!
Lo que Gildardo Real plantea es que la legítima defensa
se presuma por ley, modificando un artículo para que sea el ministerio público
el que ostente la carga de la prueba.
La defensa del patrimonio, de la integridad y la dignidad
de las personas –como señala elocuentemente el diputado- no puede tener límites
ni estar condicionada a legislaciones absurdas.
Es otorgarle garantías al ciudadano que por naturaleza
defenderá siempre su derecho a la tranquilidad.
Pero sin que se exima, agregaríamos, de responsabilidad a
quienes por obligación gubernamental tendrían que garantizar que estas
agresiones-ataques no ocurran.
No nos resignemos a la inseguridad, no permitamos la
ineficiencia.
Gracias y hasta la próxima con el favor de Dios.
Rodrigo
Sotelo Mendívil
Director
General Masmedio
Correo: rodrigosotelo@masmedio.com
Twitter:
@masmedio
